Artículo de Gustavo Vidal Manzanares | Jurista y escritor
El Juzgado de Instrucción 18 de Madrid ha admitido a trámite la querella, interpuesta por los diputados Alberto Garzón y Ricardo Sixto, contra la delegada del Gobierno en esa ciudad, Cristina Cifuentes, por presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental y delitos contra la Constitución.
A salvo la presunción de inocencia, considero que concurren suficientes elementos para considerar que la querellada ha incurrido en los delitos denunciados . Veamos…
En qué consiste la prevaricación
Comete prevaricación, la persona que en su condición de autoridad o funcionario público emite un acto o resolución arbitraria a sabiendas de la injusticia del mismo
En este sentido, se acusa a Cristina Cifuentes de dictar a sabiendas resoluciones injustas al imponer sanciones a quienes se manifiestan, por más que la normativa no contempla sanción para esas conductas. También se han practicado identificaciones masivas e indiscriminadas contra quienes ejercían su derecho a manifestarse.
El pretexto se fundamenta en la ilegalidad de esas concentraciones. Esto es falso. Una manifestación puede ser comunicada o no comunicada pero solo pueden ser consideradas ilegales aquellas movilizaciones que tengan por finalidad cometer algún delito y aquellas a las que acudan personas con armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o peligrosos (art. 513 del Código Penal)
Pero incluso en las manifestaciones ilegales la ley solo contempla la sanción de los organizadores.